La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) estima que este colectivo ahorraría al menos un 20% de sus costes eléctricos si pudieran firmar dos contratos al año, por lo que la urge al desarrollo reglamentario de la disposición que recoge la enmienda, aprobada recientemente en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

De esta manera, señala esta Federación, se cumpliría con una de las reivindicaciones más históricas, en la que lleva insistiendo a lo largo de más de 10 años con los distintos Gobiernos de turno.

No obstante, la Federación no se olvida el fiasco que supuso la Ley de la Sequía de 2018, que ya contemplaba en sus disposiciones adicionales la posibilidad de firmar un contrato de temporada para los meses de máximo consumo y otro con una potencia mínima para el resto del año, con el que simplemente mantener los equipos y que, a pesar de su urgencia, no ha tenido un desarrollo reglamentario ni por el anterior, ni por el anterior Gobierno.

El colectivo de regantes sostiene que el abaratamiento de los costes serviría para avanzar en la modernización del casi millón de hectáreas de regadío, aún pendiente y, a su vez, se traduciría en un importante ahorro en el consumo de agua, que ya se ha reducido un 16% en la última década.

Sin embargo, Fenacore lamenta que, lejos de reconocérseles sus esfuerzos en este ámbito, desde que se suprimieron las tarifas especiales de regadío, el recibo eléctrico ha subido más del 120%, principalmente debido a los costes fijos, al incrementarse el término de potencia en más de un 1.100% durante este periodo.

Para el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, “los regantes somos el segundo consumidor de energía, después del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). De ahí que el encarecimiento del coste energético venga lastrando la competitividad del sector agrario.”

Frente a ello, insiste Del Campo, “es imprescindible también fomentar la energía distribuida en las zonas regables para autoconsumo, impulsar la producción de renovables y permitir pagar en función de la potencia real registrada, y no de la teóricamente contratada, ya que así se evitaría pagar todo el año aunque no se riegue”.