El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) alzó la voz ante el previsible incremento de los caudales ecológicos de la nueva planificación hidrológica del Tajo, ya que ponen en peligro la continuidad del trasvase hacia el Levante y, por tanto, los puestos de trabajo de 106.000 personas, así como la continuidad de un sector que genera unos 3.000 M€ al PIB nacional.

Así se desprende un informe técnico del Sindicato de regantes sobre las consecuencias del aumento en varios metros cúbicos por segundo (m3/s) de los caudales del Tajo a  su paso por Aranjuez,  Toledo capital y Talavera de la Reina.

Los desembalses desde los pantanos de Entrepeñas y Buendía para mejorar el caudal mínimo del río restarían decenas de hectómetros cúbicos hacia la cuenca del Segura o, lo que es lo mismo, supondrían un descenso del 21% del agua destinada al riego y un 18% menos de agua para consumo urbano de la zona más seca de España

Lucas Jiménez, presidente del Scratas, hizo hincapié en que, pese a ello, los regantes deberán seguir pagando el mismo peaje por el uso del trasvase, aunque llegue menos agua. Además, tendrán que compensar la caída de los caudales del Tajo con agua desalada, de mucha peor calidad y mucho más cara.

Y todo, a pesar de que el sector agroalimentario ha mostrado su fortaleza como uno de los pilares económicos y laborales en la actual crisis sanitaria, por lo que no se entiende los intentos que hay para debilitarlo, según Jiménez.

Entre las medidas para solucionar el denominado “conflicto del agua”, el presidente del Sindicato de Regantes reclama a los municipios ribereños al Tajo, especialmente a Aranjuez, y a las CC.AA. de Madrid y Castilla-La Mancha, que acometan un plan de depuración, como el realizado en la Región de Murcia hace dos décadas, pues permitiría, según sus cálculos, destinar a caudales ecológicos hasta 500 hectómetros anuales de aguas depuradas.

Infraestructura injustamente criticada

Este año 2021, según el Scrats, va a ser clave para la pervivencia del trasvase Tajo-Segura. Tras más de cuarenta años de funcionamiento, esta infraestructura hidráulica ha generado una agricultura productiva en las provincias de Murcia, Alicante y Almería, la llamada “huerta de España”, ya que proveen el 71% de las exportaciones de hortalizas y el 25% de las frutas, con importantes exportaciones al resto de Europa.

Sin embargo, añade el Sindicato, “el acueducto es permanente e injustamente cuestionada por motivos territoriales, políticos, medioambientales, pero nunca técnicos. Ahora, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) también lo pone en entredicho, pese a la oposición de los Gobiernos regionales de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía, y la ambigüedad del Ministerio de Agricultura.

Se olvida, según el Sindicato de Regantes, que “los trasvases son un recurso unitario, de solidaridad interterritorial, y uno de los mayores elementos vertebradores de un país subordinado al interés general, según recoge la propia Ley de Aguas y la Constitución Española en su espíritu.”

“Además, añade, los trasvases cumplen un papel esencial en la gestión hídrica de España. No se puede regionalizar este recurso básico para la vida. El agua no es de los territorios, ni de las CC.AA, ni de sus presidentes, ni de las Confederaciones hidrográficas. Es un recurso esencial que se debe gestionar atendiendo a criterios técnicos y de interés general”, señala Jiménez.

En cifras

España produce el 13% de la producción agrícola de la Unión Europea, una cifra que está muy por encima de su peso en el conjunto de la economía. En 2019, las exportaciones agrícolas supusieron el 6,4% del conjunto de exportaciones españolas y contribuyeron a reducir el déficit comercial estructural de España en más de un 17%. Asimismo, destaca la capacidad del sector agrícola para equilibrar la economía en momentos de recesión, como el actual.

El 80% de la producción agrícola de la zona del trasvase es exportada a la UE y aporta casi 1.548 millones de euros de PIB, cifra que equivale al 2,4% del PIB agregado de las provincias de Alicante y Murcia.

De esta cantidad, más de 646 millones de euros corresponden al impacto directo, esto es, el generado dentro de la propia actividad, lo que representa el 28,3% del PIB conjunto del sector de la agricultura de ambas provincias, mientras que los impactos indirectos e inducidos superan los 901 millones de euros, según un reciente informe de la firma consultora PWC.

Asimismo, el impulso de la agricultura en la zona del trasvase ha potenciado la implantación y el desarrollo de sociedades y empresas, que se dedican a la comercialización, distribución y transformación de los productos hortofrutícolas.

La comercialización se encarga de las labores de recepción del producto, control de calidad, envasado, etiquetado, embalaje y transporte al punto de destino. Esta actividad económica genera casi 1.146 millones de euros de PIB, de los cuales 582 millones, aproximadamente, se corresponden con el impacto directo.

Los impactos indirectos e inducidos ascienden a cerca de 564 millones de euros, y benefician especialmente a sectores como el transporte terrestre, los servicios inmobiliarios, caucho y plásticos, que se emplean en el envasado y embalaje.

Además, el trasvase es un potente generador de empleo, y contribuye a generar 106.566 puestos de trabajo absolutos en las tres provincias. Y ha contribuido a romper el ciclo emigratorio de la zona, que ha pasado a otro de inmigración y de crecimiento vegetativo positivo.

Archivo pdf adjunto: Principales Datos PWC (2) (2)