La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, constituida por ANFAC (automoción), AOP (refino), ASPAPEL (papel), FEIQUE (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), OFICEMEN (cemento) y UNESID (siderurgia) ha destacado hoy que la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), que se encuentra a la espera de dictamen por el Consejo de Estado, puede “agravar la situación de la industria española y poner en riesgo su futuro”, afirman en un Manifiesto firmado por los representantes de las asociaciones. La industria española ha perdido, desde la crisis económica de 2008, casi un 30% del tejido productivo y un 20% del empleo.

En el texto de anteproyecto de Ley para la creación de este Fondo remitido al Consejo de Estado el pasado 30 de abril, se expone que el FNSSE tiene por objeto asumir los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (RECORE), extrayéndolos del conjunto de cargos del sistema eléctrico y trasladando progresivamente la mayor parte de su financiación a los comercializadores y operadores de todos los sectores energéticos.

En el caso de su puesta en marcha,el coste acumulado para la industria entre 2021 y 2025 ascendería a unos 2.650 millones de euros, sin tener en cuenta el eventual régimen de compensaciones, explican en el Manifiesto. Este impacto lo asumirían sobre todolas industrias consumidoras de gas y los consumidores industriales medios e intensivos de electricidad, al eliminarse las metodologías de niveles de tensión.

Así, la Alianza por la Competitividad de la Industria alerta de que el sector industrial ya se enfrenta actualmente a un extraordinario incremento de los costes del gas y la electricidad en nuestro país. Este aumento adicional de los costes a medio plazo dificultaría gravemente el contexto de recuperación de la crisis económica y se pondría así en riesgo el desarrollo y futuro del sector industrial español.

“El impacto previsto de la iniciativa legislativa, tal y como está configurada, es lesivo para la actividad económica responsable de la generación del empleo de calidad (en términos de salario y contratación indefinida), del desarrollo de la innovación y tecnologías avanzadas y neutras en carbono, y de la internacionalización de nuestro tejido empresarial”, aseguraron las asociaciones firmantes.

Aunque el texto del anteproyecto de Ley del FNSSE expone un régimen de compensaciones con el objetivo de paliar el posible impacto en los diversos sectores, dicho régimen se aplicaría tan solo a un limitado número de estos, excluyendo al 80% de la industria productiva y exportadora española y generando un “sobrecoste competitivo inasumible en sectores tractores y esenciales para nuestra economía”, según se desprende del documento.

Además, los firmantes advierten de que el régimen de compensaciones por esos cargos excesivos previamente abonados provoca “una imagen falsa de industria subvencionada y quedan en permanente riesgo de desaparición si son consideradas ayudas de Estado por Europa”.

Dadas las consecuencias que para el futuro de los diferentes sectores industriales puede suponerel FNSSE en términos de competitividad, pérdida de tejido productivo y empleo, la Alianza por la Industria ha elaborado un Manifiesto conjunto en el que declara que:

-La industria española considera positivo que se extraigan los “costes impropios” del conjunto de los costes regulados del sistema eléctrico (incluido el coste hundido del RECORE) puesto que redundará en la reducción del precio final para consumidores domésticos e industriales.

 –La puesta en marcha del FNSSE puede afectar directamente a la competitividad de la actividad industrial en un momento crítico enfocado en la recuperación y en la atracción de inversión y nuevos proyectos.

-Por eso se solicita que el coste del RECORE sea trasladado íntegramente a los Presupuestos Generales del Estados y de manera progresiva, para paliar el impacto en un solo ejercicio en los actuales presupuestos.

-En caso de no ser considerado el traslado del coste a los Presupuestos Generales del Estado, debería excluirse o establecerse exenciones completas para los sectores industriales que, aun no siendo consumidores intensivos, son sectores tractores, esenciales o exportadores, indispensables para generar crecimiento económico y de empleo de calidad.