Impulsado por el Ministerio de Agricultura para poner en valor los productos de las razas autóctonas españolas, el logotipo 100% Raza Autóctona acoge ya bajo su sello a 62 razas de las especies de ganado bovino, ovino, caprino, porcino, aviar y equino.

Regulado por el Real Decreto 505/2013, el logotipo 100% Raza Autóctona es una iniciativa pionera en los países de nuestro entorno para dar a conocer el origen racial y la alta calidad de los productos ganaderos españoles a través de su etiquetado. De esta forma, los consumidores disponen de mayor información a la hora de adquirir los productos procedentes de las razas autóctonas, que se caracterizan principalmente por su rusticidad y adaptación al medio en el que viven.

La gama de productos amparados bajo ese logotipo es muy amplia y abarca productos como carne, leche y sus derivados, e incluso astas, plumas, lana o cuero. Un amplio abanico que refleja la versatilidad y el potencial que presentan estas producciones, que se comercializan generalmente en canales cortos: tiendas de los pueblos, de los barrios, tiendas gourmet o de productos sostenibles o diferenciados, comercios o restaurantes locales.

Una de las prioridades del Ministerio es la conservación del rico patrimonio genético de las razas ganaderas españolas, con medidas que se incluyen en el Programa Nacional de Conservación, Mejora y Fomento de las razas ganaderas, en cuyo marco se encuentra el logotipo 100% Raza Autóctona.

La diversidad biológica es una fuente de riqueza, al aportar una importante cantidad de recursos necesarios para nuestra vida, como alimentos, fibras textiles o diferentes materiales para la industria.  En este contexto, la protección de los recursos zoogenéticos resulta imprescindible para garantizar un desarrollo sostenible del planeta.

España atesora un rico patrimonio de biodiversidad ganadera que en la actualidad engloba a 165 razas inscritas en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España. La mayoría de ellas, (unas 140), se encuentran en peligro de extinción, lo que obliga a las administraciones públicas y al sector a arbitrar medidas para evitar una pérdida que podría ser irrecuperable.