Las distintas organizaciones agrarias españolas reaccionaron con cautela y en algunos casos con bastante precaución, cuando no temor, a las consecuencias que sobre la competitividad y rentabilidad de las producci0nes agrarias tendrán algunas de las medidas de la reforma de la PAC 2023-2027.

ASAJA: celebra el acuerdo pero ve carencias por el recorte de ayudas

El director de Relaciones Internacionales de la organización agraria ASAJA, Ignacio López, destacó  la importancia de que haya habido acuerdo en la reforma de la PAC, pero lamentó la falta de ambición a la hora de fijar los presupuestos.

López García-Asenjo explicó, en declaraciones a EFEAgro, que el acuerdo no les puede satisfacer «porque desde el principio viene con una serie de exigencias que no están debidamente compensadas a través de los presupuestos», lo que, a su juicio, implicará recortes y posible pérdida de competitividad.

«Vemos un nuevo modelo de ejecución de la PAC, donde el Estado miembro asume un papel igual de protagonista que el de la propia normativa comunitaria, y luego una nueva ambición agroambiental y climática que lamentamos que no se vea igualmente contemplada con una mayor ambición a nivel de fijar unos presupuestos para poder financiar todas estas nuevas medidas», alegó.

No obstante, el representante de ASAJA celebró que se haya alcanzado por fin el acuerdo, ya que se había llegado a cierta tensión en las últimas reuniones, con nuevas exigencias y nuevas reclamaciones que se estaban poniendo encima de la mesa.

“Es bueno que se cierre ya un acuerdo, que permita avanzar a la siguiente fase, que es la fase más nacional”, señaló Ignacio López, en la que «habrá que estar muy pendientes, ya que la PAC es un marco para que luego cada Estado miembro diseñe su propia PAC”, añadió.

Por este motivo, aseguró que “va a ser tanto o más importante la negociación interna que la comunitaria para precisar aspectos, por ejemplo, como la aplicación de los denominados ecoesquemas.

Por último, López García-Asenjo recordó que la PAC no es el origen, ni la solución de todos los problemas que hay en el sector agroalimentario, sino que es “una vía para garantizar y para estabilizar los ingresos de los agricultores garantizando lo que ellos hacen”.

COAG: ni justa ni social  y acelerará el proceso de “uberización” del campo

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera que, la reforma de la PAC no es justa, ni social  y acelerará el “proceso de “uberización” del campo español y europeo”.

El texto aprobado, según esta organización agraria, no responde las verdaderas necesidades del modelo social y profesional agrario, mayoritario en Europa, al abandonar aún más los mecanismos de regulación de mercado. Ello, agravará el impacto de la volatilidad de los precios y la espiral alcista de los costes en las rentas de las pequeñas y medianas explotaciones.

 «El cierre de explotaciones es un hecho. Un 7% de macro-empresas agrarias acapara ya la mitad del valor productivo, según datos del propio MAPA de 2020. Y esta nueva PAC acelerará el inquietante proceso de concentración de la producción. Nos jugamos dejar en manos de un puñado de multinacionales y fondos de inversión la soberanía alimentaria de Europa», apuntó el secretario general de COAG, Miguel Blanco.

Según COAg, en el capítulo de ayudas, se observa con perplejidad el «galimatías sin sentido» en torno a la definición de «agricultor genuino», que finalmente se aleja del agricultor profesional, que no tendrá  prioridad a la hora de acceder a las ayudas redistributivas de la PAC.

Además, se consolidaría un trasvase de ayudas del verdadero profesional, que trabaja directamente en su explotación, a aquellos falsos activos y absentistas que viven fundamentalmente de otras actividades no agrarias.

Asimismo, COAG considera demasiado elevado el tope máximo de ayudas por explotación (100.000 euros) y añade que “es un nuevo intento fallido para realizar una redistribución de las ayudas más justa. Un tope por encima de los 60.000 euros no tiene efectos a nivel práctico«, afirmó Blanco.

En relación a la “arquitectura verde”, los 27 acordaron destinar un 25% del primer pilar (pagos directos) a los denominados «eco-esquemas», con una flexibilidad en su aplicación muy limitada. «Detraer una parte tan elevada de las ayudas directas a los eco-esquemas es «un recorte en toda regla«, subrayó el secretario general de COAG, al tiempo que recordó que «para recuperar ese 25% el agricultor tendrá que afrontar nuevos gastos que el mercado no remunera, con la consiguiente caída de rentas». Además, con el acuerdo entre las instituciones, el  40% de los fondos agrarios iría destinado a medidas medioambientales y climáticas.

Todo ello, unido al desarrollo del Pacto Verde Europeo y la Estrategia de la Granja a la Mesa, sin contar con los instrumentos necesarios de regulación de mercado y un presupuesto acorde con estos objetivos, supone una gran losa para los pequeños y medianos agricultores europeos.

«Se demuestra una vez más la hipocresía e incoherencia de los máximos mandatarios europeos,  ya que en las nuevas reglas del juego no se han aprobado exigencias equivalentes para las importaciones de terceros países. La UE legitima de esta manera la competencia desleal y el fraude al consumidor que supone esta grave injusticia. Resulta lamentable que ni siquiera se hayan introducido medidas de equivalencia en los Límites Máximos de Residuos (LMR) de fitosanitarios para los productos agrícolas que vienen de terceros países«, criticó Miguel Blanco.

Esta organización defiende desde su origen la sostenibilidad medioambiental  de la producción agraria, siempre vinculada a la sostenibilidad económica y social. «La PAC debe responder a  las nuevas exigencias de la sociedad, tanto en materia de calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad medioambiental, pero sin abandonar sus principios básicos. Es decir, la producción de alimentos en cantidad y calidad suficiente, a precios asequibles para los consumidores y remuneradores para los productores. En un contexto presente y futuro de aumento de la demanda de alimentos, resulta suicida destruir las pequeñas y medianas explotaciones y con ellas a los agricultores profesionales que son las garantes de la seguridad alimentaria”, argumentó.

El Covid-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de garantizar más que nunca la seguridad alimentaria, la resiliencia y la soberanía alimentaria. “Sin embargo, con la aprobación de esta PAC, las instituciones europeas dan la espalda a esta realidad, traicionando además sus propios objetivos: caminar hacia una Europa en claves de sostenibilidad social, económica y medioambiental. Se impone una mentalidad alejada de la realidad del campo y del medio rural«, apostilló el máximo responsable de COAG.

UPA: valoración positiva, con reservas, a la espera de la “letra pequeña”

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA), asiste con enorme expectación a la “letra pequeña” de un acuerdo, que marca el trabajo de cerca de un millón de agricultores y ganaderos en España y la alimentación de cientos de millones de ciudadanos.

UPA se mostró “esperanzada” con el principio de acuerdo. Una valoración positiva, aunque con reservas, que marca como obligatoria una ayuda redistributiva de como mínimo el 10% de los pagos para favorecer a los pequeños agricultores.

También establece un apoyo mínimo del 3% del presupuesto a los jóvenes agricultores y ganaderos menores de 40 años.

Sobre los llamados eco-esquemas, UPA considera que tal y como están planteados, deben servir para reforzar a los agricultores y ganaderos familiares, frente a modelos superintensivos y de gran dimensión.

Según esta organización agraria, loa PAC reforzará las medidas de gestión de mercados, una demanda histórica que recoge el guante del sector al afrontar el mayor problema de los productores: la falta de precios justos provocada por el desequilibrio de la cadena alimentaria.

En todo caso UPA advierte que ahora queda concretar la “letra pequeña” a nivel de Estado Miembro, en especial con otra de sus reivindicaciones históricas,  como es el techo de ayudas por explotación, que finalmente será opcional para los países, pero que en España es “más que necesario para acabar con los grandes perceptores terratenientes y abrir mejores posibilidades de futuro para la agricultura y la ganadería familiar.”

Unión de Uniones: pone en jaque la rentabilidad de los cultivos y explotaciones agrarias

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras el acuerdo alcanzado considera que conllevará una pérdida de competitividad de las explotaciones y menores rentas para los agricultores y ganaderos.

La organización agraria cree que, tal y como está planteado el acuerdo, con los nuevos topes del 25% para eco-esquemas y el 35% del segundo pilar a fines ambientales, se refuerza mucho más de lo que se debería la ambición verde de la PAC, lo que supone mayores exigencias para los agricultores y ganaderos y, por tanto, costes de producción más altos.

Unión de Uniones recuerda que la PAC ya era, antes del acuerdo, la política europea que más contribución presupuestaria hace al objetivo climático.

La organización agraria es crítica también con la inclusión de la condicionalidad social en la PAC de forma obligatoria a partir de 2025 que solo aportará más complejidad burocrática al sistema.

Unión de Uniones señala, además, que en la vigente PAC los mecanismos de regulación del mercado han funcionado de manera muy deficiente, en los casos de distorsiones de los mercados y que no han dado respuesta eficaz a las graves crisis que han sufrido, y aún sufren, muchos sectores. “En esto no se ha hecho ninguna reforma en profundidad, con lo que seguiremos tan indefensos como hasta ahora ante la volatilidad de los precios agrícolas” afirman.

La organización valora que la pérdida de competitividad derivada de los mayores estándares ambientales y de todo tipo a los que se condiciona la producción europea, sitúa a los agricultores y ganaderos en situación de desventaja frente a otras potencias agrícolas, cuya competencia desleal se favorece desde la propia Unión Europea a través de tratado y acuerdos de libre comercio, sin respetar los principios de reciprocidad ni exigir a las mercancías importadas nuestras mismas normas.

Asimismo, en cuanto a las ayudas, se estima que se confirmará para España una reducción de entre el 1,9% (2021) y el 1,16% (2027) de las ayudas directas, lo que significará un recorte directa de unos 523 millones de euros entre 2021 y 2027, así como, adicionalmente, la reducción del 1,85% de estas ayudas para alimentar la reserva de crisis, la que ya no devolverá los fondos cuando no se utilicen (90 millones de euros anuales 2023 – 2027).

En cualquier caso, añade UdU, ”las rentas de los profesionales del sector agrario deben venir, no de las ayudas, sino del mercado; pero las recortan, nos imponen condiciones que aumentan nuestros costes, desmantelan los mecanismos de regulación de los mercados y nos ponen a competir en inferioridad con terceros países. Es decir, “nos están condenando a quienes vivimos de esta actividad”.

ASAJA de Castilla y León: diseñada para debilitar a la agricultura profesional

Aunque todavía hay que profundizar en los documentos que llegan de Bruselas, ASAJA de Castilla y León considera que ya hay suficientes indicios de que la PAC que llega no será mejor que la que queda atrás.

El resumen principal de esta organización agraria es “con números rojos, la agricultura no puede ser verde”. Europa trata de hacer una política agraria “de postureo, contentando a sectores hoy muy influyentes como el “lobby” ecologista, pero muchas veces pasando por alto la lógica productiva e incluso los datos científicos”.

Así, se consolidarán los ecoesquemas, a los que se vinculará un 25% de las ayudas, aunque los primeros dos años será de un 20% transitoriamente. Este punto, unido a la condicionalidad reforzada, puede complicar enormemente la labor a las explotaciones agrarias de Castilla y León, que parten de una situación de desventaja por las condiciones del territorio y tienen muy difícil modificar rotaciones de cultivos o reducir insumos, bajando su productividad.

También supondrán un enorme escollo para producciones de regadío, como es el caso del maíz.

Además, se fija un mínimo de retención del 10% de los pagos directos para ser destinado a “pagos redistributivos”, que bajo su apariencia de reparto de “ricos a pobres”, será en realidad un castigo injusto para las explotaciones profesionales respecto a las que mantienen jubilados o profesionales de otros sectores que poseen las tierras como una mera inversión.

Igualmente, Bruselas ha descafeinado la figura del “agricultor genuino”, con lo que se frenan nuestras expectativas de valorar al profesional respecto al intrusismo, puesto que basta con justificar un 25% de la renta de procedencia agraria, incluso aunque toda sea procedente de subvenciones.

En resumen, “los mimbres que nos ofrece Europa no son buenos para la agricultura profesional, que es la que define a Castilla y León, y existe un riesgo cierto de desandar lo ya andado a favor de la modernización del sector”, lamenta Donaciano Dujo.

El responsable de ASAJA subraya que “el sector español se lo juega todo a una carta, la del Plan Estratégico Nacional. Es fundamental que MAPA y CC.AA. peleen para adaptar la nueva PAC a un sector agrario y ganadero como es el español, competitivo y puntero, con vocación exportadora.

“No pueden dejar que se convierta en un jardín subvencionado y sin rentabilidad, y que al final tengamos que depender aún más de importaciones a las que por cierto no exigen reciprocidad en las normas de producción”, concluyeron

ASAJA-Andalucía: defensa del modelo agrario andaluz de regiones y derechos históricos

El acuerdo para la reforma de la PAC aprobado confirma lo que ASAJA y el resto de organizaciones agrarias andaluzas veníamos defendiendo: el modelo agrario andaluz de regiones y derechos sí tiene cabida en la nueva PAC 2023-2027.

Este es probablemente el aspecto más positivo de este acuerdo que, finalmente, permite que se le de continuidad al modelo de regiones y derechos, fijando una convergencia paulatina en cada una de las regiones, con el objetivo de alcanzar el 85% en el ejercicio de 2026.

No obstante, la nueva PAC será más compleja y más burocrática. Introduce figuras confusas como la de “agricultor genuino”, que pueden llevar a que haya agricultores que pese a desarrollar una actividad agraria real, si no cumplen con este nuevo requisito dejarán de percibir los pagos de la PAC.

Asimismo, establece junto a la condicionalidad ambiental, la denominada “condicionalidad social”, ajena al acerbo y a la tradición de la PAC y totalmente innecesaria en una Unión Europea donde la legislación y la inspección laboral están ya más que desarrolladas.

Además, la nueva arquitectura ambiental propiciará que los agricultores reciban menos compensación aunque deban asumir mayores compromisos. Y la nueva figura de los “ecoesquemas”, a la que obligatoriamente deberá destinarse el 25% de la partida de ayudas directas, es un ejemplo claro de esto, puesto que obliga que a los Estados miembros arbitren una serie de medidas ambientales más exigentes y con unos costes adicionales para percibir un pago que ahora venían recibiendo todos los agricultores como complemento a su pago básico.

En resumen, el acuerdo consagra una PAC “más verde”, que remunera peor al agricultor, que deja un amplio margen de subsidiariedad a los estados miembros, que establece una nueva gobernanza basada en el cumplimiento de objetivos de carácter básicamente ambiental y que se aleja cada día más de la labor principal de la PAC: producir alimentos sanos y abundantes a precio razonable para satisfacer la demanda de los consumidores europeos.